Cerca de un centenar de personas asistieron en la tarde de ayer a la mesa redonda organizada por la plataforma Ciudadan@s por la Convivencia con el título: Inmigración, Derecho Humano. Con esta actividad las organizaiones que integran la plataforma celebraron el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el acto intervinieron José Antonio Gimbernat, Presidente de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Nacho Murgui, presidente de la Federación Regional de Asociacones de Vecinos de Madrid.

José Antonio Gimbernat, centró su intervención en la distinción de dos grupos de derechos recogidos en la declaración universal: por un lado, los derechos de carácter civil y político, cuyo desarrollo ha permitido el nacimiento de muchas democracias en los 60 años desde la promulgación de la declaración. La concreción de estos derechos civiles en la legislación permite que sea posible denunciar ante instituciones jurídicas nacionales e internacionales la vulneración de estos derechos.
El segundo grupo lo componen los derechos sociales, económicos y culturales, que no han sido recogidos de la misma forma en la jurisdicción, por lo que no resultan fácilmente reclamables por los ciudadanos, que contemplan la incapacidad de los estados para garantizar el derecho al trabajo, a la vivienda, la alimentación, sanidad… En muchos lugares del planeta, donde se dan situaciones de pobreza, los derechos políticos y civiles resultan inverosímiles.

Por su parte, Ignacio Murgui, repasó la historia de las organizaciones de vecinos, enfatizando el hecho de que en sus orígenes estuvieron formadas por inmigrantes que llegaron a la ciudad provenientes de otras regiones de España, y su objetivo fue reclamar mejores condiciones y la extensión de servicios sociales, infraestructuras y mejoras en la protección social.
Las Asociaciones de Vecinos deben hacer bandera de los Derechos Humanos, esforzarse en escuchar, para detectar las necesidades de la población y ser capaces de interpretarlas y formular demandas ante las instituciones.
Murgui recordó que las asociaciones de vecinos han demostrado en muchas ocasiones su capacidad para apoyar la integración de los colectivos y hacer frente a aquellos que alientan actitudes xenófobas.

En respuesta a las intervenciones de los asistentes, en las que se hablaba de la dificultad de promover políticas de integración con unos recursos limitados, Gimbernat recordó que no se han cumplido los compromisos de desarrollo establecidos en Naciones Unidas, en concreto el dedicar un 0,7% del PIB a la cooperación al desarrollo, y concluyó: “estamos pagando las consecuencias de una política de ojos cerrados, en los últimos años no se han hecho políticas guiadas por los derechos humanos, sino por los intereses de los estados”.

Murgui por su parte reivindicó el papel de las organizaciones de la sociedad civil, que no aspiran a ostentar el poder, pero si a ejercer una acción política de defensa de los colectivos desfavorecidos. Y la necesidad de un tejido social que vigile el ejercicio del poder.